Ingreso Involuntario. Consecuencias legales del ingreso en una residencia de una persona incapaz

Con respecto a estas cuestiones existe un debate fundamentado en la libertad del individuo y sus límites. Sin embargo, no debemos olvidar que los hospitales psiquiátricos surgieron no como un medio de represión sino como un medio para cubrir las necesidades de asilo y protección de estos pacientes (grupos religiosos que asumieron la tarea de cobijar a los enfermos mentales absolutamente desamparados).

Actualmente, con la culturización, el aumento de la calidad de vida y la aparición de los llamados derechos sociales, han sido lo Estados los que han asumido la responsabilidad de protección de las personas con enfermedades mentales y cognitivas y establecido los mecanismos por los cuales serán permisibles o justificables actuaciones de restricción de libertades o ingresos en centros de forma involuntaria. Así, aunque objetivamente, el internamiento forzoso suponga un acto no consentido o aún contrario a la voluntad explícita del enfermo, se puede entender, que de hecho, esta voluntad está abolida o mermada como consecuencia de la enfermedad y en puridad conceptual, no se contraviene el deseo de autodeterminación de una persona capacitada.

Ambas fórmulas deben considerarse como medidas terapéuticas (entendidas de forma amplia, incluyendo atenciones médicas, farmacológicas y de calidad de vida), tomadas a criterio del médico y bajo un control judicial, al afectar a derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, El Ingreso Involuntario debe entenderse con independencia de la situación de incapacidad jurídica; aquel se motiva por un trastorno psíquico; ésta, por una situación jurídica de protección a la persona. Habrá unos casos que requieran ser incapacitados y raramente precisarán de un ingreso involuntario (ejem: Síndrome de Down) y otros casos que sin necesidad de ser incapacitados por no presentar trastornos persistentes, en ocasiones exijan proceder al ingreso involuntario (ejem: brotes esquizofrénicos) o casos que requieran la adopción de ambas medidas (ejem: enfermos de Alzheimer con trastornos conductuales).

El ingreso o internamiento involuntario es un acto médico, autorizado judicialmente, consistente en el traslado forzoso de una persona que padece un trastorno psíquico a un centro hospitalario o psiquiátrico para ser tratado de su dolencia.

Recoge el artículo 5 apartado uno del Convenio Europeo de Derechos Humanos que,

“Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad salvo, en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la Ley; […]

Si se trata del internamiento de […] un enajenado […],

redacción de la que, según interpretación del Tribunal europeo de Derechos Humanos, se desprendería que toda “decisión de privar la libertad a una persona, incluso en el caso de su internamiento para una evaluación psiquiátrica, debe realizarse de acuerdo con la opinión de un perito médico”. Además, en todo caso se debe poder recurrir ante un tribunal contra esa decisión de privación de libertad autorizada por un fiscal, un médico… tal como viene establecido por el artículo 5, apartado cuarto, del mismo Convenio Europeo de Derechos Humanos;

“Toda persona privada de su libertad mediante detención preventiva o internamiento tendrá derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su privación de libertad y ordene su puesta en libertad si fuera ilegal”.

Es evidente que el Convenio que comentamos recoge dos aspectos fundamentales para garantizar la correcta administración de esta herramienta jurídica como son la valoración médica y la fiscalización judicial.

En nuestro ordenamiento jurídico, Esta medida se acuerda por el tiempo necesario y viene regulada por el Artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

“Artículo 763. Internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico.

1. El internamiento, por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad o a tutela, requerirá autorización judicial, que será recabada del tribunal del lugar donde resida la persona afectada por el internamiento.

La autorización será previa a dicho internamiento, salvo que razones de urgencia hicieren necesaria la inmediata adopción de la medida. En este caso, el responsable del centro en que se hubiere producido el internamiento deberá dar cuenta de éste al tribunal competente lo antes posible y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, a los efectos de que se proceda a la preceptiva ratificación de dicha medida, que deberá efectuarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde que el internamiento llegue a conocimiento del tribunal.

En los casos de internamientos urgentes, la competencia para la ratificación de la medida corresponderá al tribunal del lugar en que radique el centro donde se haya producido el internamiento. Dicho tribunal deberá actuar, en su caso, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 757 de la presente Ley.

2. El internamiento de menores […]

3. Antes de conceder la autorización o de ratificar el internamiento que ya se ha efectuado, el tribunal oirá a la persona afectada por la decisión, al Ministerio Fiscal y a cualquier otra persona cuya comparecencia estime conveniente o le sea solicitada por el afectado por la medida. Además, y sin perjuicio de que pueda practicar cualquier otra prueba que estime relevante para el caso, el tribunal deberá examinar por sí mismo a la persona de cuyo internamiento se trate y oír el dictamen de un facultativo por él designado (médico forense).

En todas las actuaciones, la persona afectada por la medida de internamiento podrá disponer de representación y defensa en los términos señalados en el artículo 758 de la presente Ley.
En todo caso, la decisión que el tribunal adopte en relación con el internamiento será susceptible de recurso de apelación.

4. En la misma resolución que acuerde el internamiento se expresará la obligación de los facultativos que atiendan a la persona internada de informar periódicamente al tribunal sobre la necesidad de mantener la medida, sin perjuicio de los demás informes que el tribunal pueda requerir cuando lo crea pertinente.

Los informes periódicos serán emitidos cada seis meses, a no ser que el tribunal, atendida la naturaleza del trastorno que motivó el internamiento, señale un plazo inferior.
Recibidos los referidos informes, el tribunal, previa la práctica, en su caso, de las actuaciones que estime imprescindibles, acordará lo procedente sobre la continuación o no del internamiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando los facultativos que atiendan a la persona internada consideren que no es necesario mantener el internamiento, darán el alta al enfermo, y lo comunicarán inmediatamente al tribunal competente.”

La Ley prevé dos tipos de ingresos: el urgente (es un acto médico y será este el que, de forma inmediata adoptará la medida) y el no urgente, que se solicita del Juzgado, por falta de documentación, datos… En cualquier caso la medida será siempre de carácter excepcional, y debe aplicarse de forma restrictiva. Ello significa que, salvo que el criterio médico lo desaconseje, no se puede privar al enfermo de otros derechos como recibir visitas, salidas ocasionales del centro, y mucho menos por decisión de parientes, ya que ello requeriría una nueva autorización judicial.

Con respecto al ingreso urgente resulta fundamental que los profesionales de la medicina actúen directa e inmediatamente en atención a paliar o evitar posibles perjuicios para los propios enfermos (porque la ausencia de internamiento lleve consigo, por la gravedad de la enfermedad, el deterioro del paciente o su falta absoluta de tratamiento) o para terceros (si padece trastornos conductuales y de agresividad), ya que están facultados para ordenarlo, con independencia de que posteriormente un Juez y un Fiscal revisen dicha privación de libertad y la consoliden.

La realidad demuestra que existe cierto temor a poder incurrir en responsabilidad, incluso penal, (detención ilegal), por el uso o abuso de estas medidas. También hay ocasiones en que los responsables de los centros donde será ingresado el enfermo o incluso las fuerzas de seguridad del estado se inhiben si anexo a la autorización médica no se acompaña una orden judicial. Ante estas circunstancias, se podrá acudir al Juzgado de Guardia (del orden penal), que mediante las llamadas “diligencias indeterminadas”, puede cursar la orden aún no siendo el Juez competente. Posteriormente se dará traslado al Juzgado de lo Civil.

La correcta administración de estas medidas parte de las siguientes consideraciones:

1) Que no se puede internar a una persona por el solo hecho de que sus ideas o su comportamiento se aparten de las normas predominantes de la sociedad,

2) Que no se puede internar a nadie como enajenado sin pruebas médicas que revelen en él un estado mental que justifique una hospitalización forzosa.

Según la literatura científica, las patologías que requerirían y justificarían el internamiento serían las siguientes, condiciones que vienen reconocidas por la doctrina del Tribunal Constitucional en Sentencias como la 104/1990 y 129/1999:

  • Riesgo de autoagresividad,
  • Riesgo de heteroagresividad (aunque esta razón, alojada en un criterio de orden público, no está estrictamente establecida por nuestro ordenamiento jurídico, que ha decidido configurar el internamiento como una hospitalización por razones meramente terapéuticas o de protección),
  • Incompatibilidad social con riesgo de incapacidad para realizar las tareas de cuidado personal más necesarias,
  • Grave enfermedad mental que suponga un riesgo de agravación en caso de no ser adecuadamente tratada.
    Imposibilidad de tratamiento ambulatorio

Por último, y aunque según alguna resolución judicial (autos de la Audiencia Provincial de la Rioja de 18/02/2002 y de la Audiencia Provincial de Bilbao de 28/01/2003), esta regulación no es aplicable a los internamientos de carácter asistencial de deficientes o seniles, desde mi posición entiendo que el precepto abarca a todo tipo de internamiento de persona que no esté en condiciones de prestar consentimiento porque el concepto de trastorno psíquico que define la Ley incluye no solo la enfermedad mental sino también las deficiencias y enfermedades seniles y tampoco restringe el concepto de establecimiento sanitario.

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