El avance tecnológico ha transformado la manera en que nos comunicamos, accedemos a la información y ejercemos nuestros derechos. Sin embargo, no todos los sectores de la sociedad han podido adaptarse con la misma facilidad a este nuevo entorno digital. Las personas mayores, en particular, tienen ante sí importantes desafíos para acceder y utilizar la tecnología de manera plena y segura.
En el marco de la jornada de ‘Derechos digitales de las personas mayores’, que se celebrará el próximo 18 de febrero, hablamos con Cristina Carretero, profesora propia agregada de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas.
Con una destacada trayectoria en el ámbito del derecho digital, la docente nos ofrece su visión sobre los principales retos y oportunidades que ofrece la accesibilidad a la hora de reforzar y proteger los derechos digitales de las personas mayores.
Este evento cuenta con la participación de Emancipatic, ONG comprometida con la inclusión digital de colectivos vulnerables, cuyo trabajo se enfoca en reducir la brecha digital y garantizar que nadie quede atrás en la era digital.
En esta conversación, Carretero nos ayuda a conocer más sobre la importancia de garantizar los derechos digitales de las personas mayores y el papel que todos podemos desempeñar en esta misión.
-¿Cuáles son los principales factores de accesibilidad digital para la autonomía efectiva de las personas mayores?
Son múltiples, pero pondría el foco en la accesibilidad tanto física como cognitiva. Esto va desde contar con herramientas de sencillo manejo y adaptadas, con buen diseño, tamaño de letra adecuado, gráficos sencillos, pictogramas hasta el uso de un lenguaje sencillo para facilitar la comprensión.
También son importantes las aportaciones complementarias para casos de difícil o nula posibilidad de ver u oír o de carencias en la movilidad necesaria para manejar las herramientas. Por ejemplo, los asistentes de lectura o personalización de dispositivos son algunos recursos que permiten solucionar estos problemas.
-¿Por qué es necesario desarrollar tecnologías accesibles e inclusivas y cuáles son los riesgos de no hacerlo?
De entrada, es una condición necesaria para garantizar el completo ejercicio de nuestros derechos y cumplimiento de nuestras obligaciones y para hacerlo de modo participativo y autónomo. Hablamos de relación con administraciones, banca, salud, cultura, comunicaciones, etc., es decir, todo lo que suponga no excluir, en modo alguno, a la persona mayor de ningún ámbito de la vida.
No hacerlo así supone poner barreras, impedir derechos y marginar ahondando en brechas que no deberían existir. La inacción propicia, además, la desigualdad, la dependencia y la discriminación.
-¿Cuál es el potencial impacto de las herramientas digitales en la dignidad y el bienestar de las personas mayores?
Creo que hay una ganancia extraordinaria en autonomía; por ejemplo, para adquirir productos, contactar con médicos a través de citas o servicios de telemedicina, o para disfrutar de recordatorios programados, contacto con administraciones, comunicación en general, y todo sin depender de terceros para las tareas cotidianas en estos y otros ámbitos.
Además, hay una consecuencia paralela: la justicia social que implica el dar a cada uno lo adecuado y la facilitación de un mejor estado de ánimo proporcionado por la independencia generada por la autogestión y el sentimiento de un trato digno.
-¿Qué hace falta para que el ecosistema tecnológico e innovador lleve a cabo una verdadera transformación en la accesibilidad y usabilidad de las tecnologías?
Hace falta compromiso de toda la sociedad y desarrollar políticas públicas orientadas, en especial, a quien más lo necesita, implicando tanto al poder legislativo, con la elaboración de normas adecuadas que impongan estándares de accesibilidad digital; como al poder ejecutivo, que debe implantarlas.
Por otro lado, también se necesita la implicación de las asociaciones como colectivos, tales como Emancipatic, por poner un ejemplo cercano de buenas prácticas, y de cada persona, para trabajar en su propia adquisición de conocimientos y estar formada en la medida de sus posibilidades.
Para ello, como base, hay que partir de normativas y regulaciones claras, es decir, de una legislación que exija estándares de accesibilidad digital. Después, será necesaria la colaboración interdisciplinar de diferentes profesiones u oficios, de programadores, diseñadores, juristas, gerontólogos y expertos en accesibilidad que trabajen juntos.
Todo lo anterior pasa por invertir los recursos suficientes en estas necesidades.
-¿Cuál es el papel de las universidades y centros educativos en la implantación de la accesibilidad digital? ¿Y el de las administraciones?
En cuanto a las universidades y centros educativos, tal y como ocurre con esta jornada, se debe continuar investigando en materia de accesibilidad digital. Además, hay que transferir a la sociedad los resultados de esa investigación y organizar encuentros que muestren lo que supone este acceso digital, qué cabe esperar y cómo aplicarlo, ofreciendo, por ejemplo, talleres de alfabetización digital para mayores.
Las Administraciones públicas pueden hacer llegar al poder legislativo propuestas de normativa que garantice la accesibilidad digital en servicios públicos y aplicarlo, por ejemplo, financiando programas de formación y propiciando un diseño accesible de sus webs y apps.
-¿Qué perspectivas de futuro auguras para el desarrollo de la accesibilidad en los próximos años? ¿Cuáles serán los factores clave en este proceso?
Son múltiples los factores, pero si unimos las políticas públicas adecuadas con el avance y posibilidad real y efectiva de utilización de la inteligencia artificial, el futuro será prometedor.
Para ello, habría que pensar en crear o implementar herramientas de asistencia personalizadas (como los asistentes de voz), páginas más intuitivas, más claras, más sencillas y de fácil lectura.
No cabe duda de que, por cuestiones demográficas, el colectivo de mayores, que ya es amplio, alcanzará cotas numéricas muy altas en los próximos diez años, en los que seremos más y más demandantes y propiciará la implantación de elementos de facilitación que supongan tanto el ahorro de tiempo y de dinero como la satisfacción personal.
